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LA REFORMA FISCAL Y EL SISTEMA
NACIONAL DE SALUD. DECLARACION DE SAN LUIS. Atención: Honorable Congreso de la Unión Los médicos colegiados de México, representados legalmente
por los Presidentes y Delegados oficialmente designados por la membresía
de cada uno de los Colegios de Médicos Cirujanos, que integran la
Federación Nacional de Colegios de la Profesión Médica, A.C., reunidos en
Asamblea Nacional extraordinaria en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. DECLARAMOS 1.- Apoyamos la aprobación de una Reforma Fiscal
Integral, justa y equitativa, que permita mejorar la salud y la educación del
pueblo de México. 2.- Rechazamos enfáticamente la propuesta que obliga
a contratar un Seguro de gastos Médicos para poder deducir los "gastos de
bolsillo", erogados para cuidar la salud individual. De aprobarse la iniciativa (con el beneplácito de las
aseguradoras), se lesionarán gravemente los derechos de la población adulta
mayor de 50 años de edad, integrada por los mexicanos que han construido el
país en el que hoy vivimos, ya que este importante segmento de la población no
tiene o no puede adquirir un seguro de gastos médicos, ya sea por su alto costo
o por la selección adversa de las propias aseguradoras que los excluye, ya que
prefieren asegurar a los jóvenes y sanos, porque los adultos mayores "no
son buen negocio" y son rechazados ante " una enfermedad
pre-existente". 3.- IVA A LOS MEDICAMENTOS: ·
Rechazamos la propuesta de gravar a los medicamentos, ya de por sí
caros, con el 15% adicional del IVA. ·
Proponemos incrementar la disponibilidad de "GENERICOS
INTERCAMBIABLES CONFIABLES", para toda la población. 4.-
Rechazamos la implementación del 15% del IVA a los honorarios médicos. 5.-
Reclamamos que se legisle y respeten: · Los derechos de los
pacientes, así como los derechos de los médicos. · El juicio clínico del
médico acreditado, colegiado y certificado, libremente elegido por el paciente.
6.-
Exigimos que se deroguen las "reglas de operación de las ISES ",
reglas que fueron aprobadas en Diciembre de 1999, a pesar de la
impugnación del Comité asesor de expertos, porque las actuales: a.
Conculcan los Derechos de los pacientes asegurados. b.
Favorecen los intereses lucrativos de los " terceros
pagadores". c.
Privilegian el bajo costo de los servicios, en lugar de la
calidad de los mismos. d.
Propician los abusos e interfieren en la relación
médico-paciente. e.
Deberán ser reguladas eficazmente en beneficio de la
población asegurada y se eviten los abusos comunmente reportados por falta de
Reglas Claras. f.
Afectan a los más desfavorecidos que suman más de la mitad
de la población del país. La Secretaría de Salud debe asumir con absoluta
imparcialidad el papel de Rector que le corresponde y en su apoyo ratificamos
nuestro concurso y asesoría para elaborar un nuevo Reglamento de Operación
justo y equitativa, para todos los actores participantes del proceso
(Pacientes, empresas aseguradoras y los Médicos que brindamos el servicio
profesional). 7.- Las instituciones del Sector Salud requieren de
un urgente apoyo económico para mejorar la calidad de los servicios y brindar
un trato digno con calidez a todos los usuarios. El riesgo de su
desmantelamiento es una amenaza que debemos descartar, a pesar de las presiones
transnacionales, los legales pero perversos intereses económicos de las ISES y
las tendencias privatizadoras del neoliberalismo , la globalización y las
fuerzas del mercado. 8.- La Medicina Privada, complementaria de la
Medicina Social debe mejorarse, regularse y vigilarse más estrechamente, para
que sea una alternativa a la que los mexicanos podamos acceder ejerciendo la
opción y el derecho de libre elección del médico de su confianza. 9.- El tabaco y el alcohol deben gravarse con altas y
crecientes tasas impositivas para mejorar la recaudación, pero más importante,
para desalentar su consumo que genera adicción, dependencia nociva y que
deteriora gravemente la salud. 10.- La Reforma Fiscal no debe ser pretexto, ni un
procedimiento oculto para propiciar una Reforma de Estado en materia de Salud,
en la que, de aprobarse, se transfiera la obligación Constitucional del Estado
al sector privado, en perjuicio de las grandes mayorías. San Luis Potosí, S.L.P. Julio 28 del año 2001 |